Page 133 - Estrategias y Responsabilidad en un Mundo Interconectado
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sueño” que no tenía “ninguna posibilidad de llevarse a cabo en la actualidad” (Arthur, 2016).
Por su parte, la “renta condicionada a la participación” de Anthony Atkinson (economista
británico e investigador principal del Nuffield College, Oxford), en 1996, complementa “los
programas sociales existentes y el salario mínimo y está condicionada a alguna forma de
participación ‘social’: contribuir a la sociedad mediante trabajo, educación, cuidado infantil u
otras actividades”, acorde a Francese y Prady (2018, pág. 38).
Elon Musk (Oficial Ejecutivo en jefe de Tesla) demostró apoyo al concepto de la renta
básica universal como posible solución al desempleo generalizado que probablemente
provocará la automatización. Recoge Weller (2017): “Creo que acabaremos haciendo una
renta básica universal”, dijo Musk a los asistentes a la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái.
“Va a ser necesario”. Otros multimillonarios como el fundador de Facebook Mark Zuckerberg,
el fundador de Amazon Jeff Bezos, así como el antiguo CEO de Twitter Jack Dorsey apoyan la
implementación de un IBU en alguna modalidad (Cerullo, 2020; Duncan, 2019; Gillespie, 2017).
En los últimos años, la discusión del IBU ha trascendido del ámbito académico al plano
institucional/político. En 2007, un grupo de diputados del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), presentaron una iniciativa de ley “que establece el derecho al Ingreso Ciudadano
Universal”, que determina que este ingreso es “consistente en una transferencia monetaria
individual, no condicionada, vitalicia y no gravable que en ningún caso podrá ser inferior a
la mitad del salario mínimo vigente más alto en el país. Su pago será efectivo mensualmente
y durante los doce meses del año. El monto se determinará cada cinco años y será revisado
anualmente y ajustado al índice inflacionario”, es un derecho exigible y el responsable de su
operación sería la ahora extinta Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora llamada
Secretaría de Bienestar. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó.
En 2017, las diputadas Araceli Damián González y Norma Xóchitl Hernández Colín,
integrantes del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), presentaron una iniciativa de ley que “reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, que buscaba entregar un ingreso
básico de $1,765 pesos mensuales, que cubría en ese año los costos de los alimentos con los
requerimientos nutricionales promedio más un quince por ciento del valor de la canasta básica
alimentaria, con el fin de proveer “lo necesario para la conservación, preparación y consumo
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